Antonio Barnés. Doctor en Filología.
No
existe el derecho al suicidio asistido porque no existe el deber de matar a un
inocente.
No hay derecho sin deber correlativo. Si
existe derecho a la educación es porque padres y gobernantes poseen el
deber de proveer a ese derecho. Los derechos no son palomas que salen de un
sombrero por obra de un prestidigitador, responden a hechos, se relacionan con
deberes. Nadie puede exigir que se le ayude a suicidarse porque pues nadie está obligado a
facilitarlo, por mucha compasión que pueda sentir. Existe el deber de socorro, pero no el
deber de homicidio, aunque se le denomine con el eufemismo de eutanasia (buena
muerte). No hay buena muerte sin justicia, y justicia es la voluntad de dar a
cada uno lo suyo. Lo “suyo” del enfermo o del moribundo es la medicina, el
afecto, la compañía, los cuidados paliativos, desarrollados eficazmente en la actualidad.
No es bueno el encarnizamiento
terapéutico, ni se puede obligar a emplear medios desproporcionados para
mantener la vida, pero no es lícito quitar la vida de nadie por acción u
omisión simplemente porque el interesado (o sus familiares o facultativos) lo
solicite.
Una ley de eutanasia es un abuso de
poder, pues ninguno, tampoco el Estado, posee un derecho de vida o muerte
sobre los ciudadanos.
La ley de eutanasia es ilegal. No es recta
ordenación de la razón: es desorden torcido de un falso sentimiento de
compasión, que encubre el afán de aligerar el erario público, disminuir el
número de comensales, enriquecer a trabajadores de la muerte... Y no está
dirigida al bien común. La eutanasia no protege al enfermo ni al moribundo. Los
pone entre la espada y la pared, los conmina a solicitar su eliminación, los
acucia con conciencia de sobrantes.
La eutanasia constituye un abuso de parlamentarios que han perdido el norte, que se sienten investidos del derecho
a decidir sobre el bien y el mal, que suplantan el papel de Dios. La eutanasia
atenta contra la dignidad de la vida humana. Cierra el círculo abierto con el
aborto, hace ya 35 años en el caso de España. El legislador se juzga autorizado
para promover la eliminación de seres humanos antes de su nacimiento, y ahora el homicidio con excusa de compasión y de una libertad mal entendida.
La eutanasia pervierte la medicina, la
profesión médica. Un médico es un sanador, no un verdugo. La medicina
conlleva sentido de justicia. Eso significa, en latín, la palabra “medicus”: el
que indica lo que es justo, lo que está en el “medio”: entre la crueldad
(encarnizamiento) y la compasión homicida (eutanasia). ¿Dónde están los médicos
ante la ley de eutanasia? ¿Dónde está el juramento hipocrático? ¿Dónde sus
protestas, sus manifestaciones, sus movilizaciones, sus proclamas? ¿O es que
solo les interesa el sueldo? En esto no les aplaudo.
Hace unos años, en una mesa redonda que yo
moderaba, un profesor de filosofía del derecho defendía la eutanasia
argumentando que la libertad humana era absoluta. Qué disparate. ¿Cómo ha de ser
absoluta una dimensión de un ser limitado y contingente como es el hombre? ¿Acaso nos hemos
dado la vida, hemos decidido en qué lugar y hora nacer? ¿Acaso somos
inmortales? La libertad del hombre es finita como finito es el hombre. Un ser
humano puede decidir suicidarse, jamás exigir que se le ayude a hacerlo. ¿O se
busca en la ley la aquiescencia que la conciencia no puede dar? Y si la
libertad de un hombre es absoluta, también lo es la de todos los demás hombres,
que pueden negarse a satisfacer la petición de su congénere. ¿O es que el
Estado debe subvenir a cualquier necesidad emanada de una pretendida libertad
absoluta? ¿Y si la libertad absoluta proclama la necesidad de eliminar a judíos o a propietarios, el Estado ha de complacer también a nazis y
comunistas?
Un partido que promueve la eutanasia es
un partido totalitario, que en lugar de gobernar, dirigir la nave,
se erige en Leviatán, absorbe el papel de sumo pontífice y, como tal, decide
sobre la vida y la muerte. Los votantes de estos partidos son corresponsables: si conscientes, por conscientes; si inconscientes, por borregos, tontos útiles
de una partitocracia deplorable, revestida de democracia.
La eutanasia es una ley gravemente
injusta. Legislarla sin escuchar a expertos (como ha hecho el Parlamento
español) es antidemocrático. Aprobarla en tiempo de pandemia es obsceno.
Injustos, antidemocráticos y obscenos son calificativos atribuibles también a
los votantes de esos partidos, si no exigen una rectificación.
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